Patricia Muñoz Pequeño
Gerente de Sostenibilidad
Dirección General de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad
Echando la vista atrás, el reporte de información de sostenibilidad ha sufrido una notable evolución en los últimos años. Lejos quedan aquellos informes en los que las compañías como Sacyr, con un claro compromiso y sensibilidad hacia estos temas, aportaban la información relevante sobre sus estrategias y desempeño en los ámbitos medioambiental, social y de gobernanza de manera voluntaria, utilizando los marcos de reporte reconocidos a nivel internacional, con GRI a la cabeza.
Con la aprobación de la Directiva de Información No Financiera (NFRD) en 2014, y su transposición española en la ley 11/2018, el reporte de sostenibilidad pasó a convertirse en una obligación legal y, desde entonces, la importancia de estos reportes no ha hecho más que aumentar.
En 2023, con la ambición de definir un marco claro de información de sostenibilidad que asegurase la calidad de la información publicada, la comparabilidad de los datos, así como la homogeneidad de la información compartida por las empresas, la Unión Europea aprobó una nueva Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), con unos estándares de reporte comunes, los ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
Pero pronto surgieron las dudas y voces contrarias a esta nueva normativa desde el sector privado. En primer lugar, por la amplitud y complejidad técnica de sus requerimientos y la dificultad de su aplicación, poniéndose de manifiesto la necesidad de contar con clarificaciones adicionales en determinados ámbitos, así como una mayor flexibilidad en su aplicación.
En segundo lugar, las empresas afectadas de menor tamaño manifestaron sus dudas sobre su capacidad de atender esta nueva normativa con sus recursos propios y, en su caso, el perjuicio que supondría el sobrecoste de dotarse de recursos adicionales para este fin.
Todo lo anterior se acompaña de una reflexión más profunda por parte de Unión Europea; en un entorno mundial complejo que afronta grandes retos globales, velar por la autonomía, la competitividad y la resiliencia de la economía europea, sin abandonar los compromisos de sostenibilidad adquiridos, ha tomado más importancia que nunca.
Esto ha llevado a la UE a redefinir su hoja de ruta manteniendo su ambición intacta; así lo ha puesto de manifiesto con la definición de la estrategia Green Industrial Deal, que nace para reforzar la competitividad de la industria europea mientras se acelera la descarbonización; y el paquete Ómnibus, cuyo objetivo principal es reducir la carga administrativa para las empresas con la revisión de diferentes normativas de sostenibilidad, sin renunciar a los principios del Pacto Verde Europeo.
Desde la perspectiva del reporte, el paquete Ómnibus afecta a los requerimientos de la CSRD con los siguientes puntos principales:
- Simplificación de los estándares, aligerando el número de requisitos y aportando una mayor claridad técnica en su aplicación. Se prevé que estos textos puedan estar disponibles en el cuarto trimestre de 2025.
- Aplazamiento de dos años en la entrada en vigor de las obligaciones para las empresas, concediendo un espacio mayor de tiempo para adaptarse.
- Redefinición de los umbrales de aplicación, excluyendo a las pymes cotizadas y modificando las horquillas para el resto.
- Mantenimiento de la verificación limitada, eliminándose la posibilidad de una razonable en el futuro.
En definitiva, el año 2025 ha marcado un punto de inflexión en este ámbito y refleja el compromiso de la Unión Europea por avanzar hacia una economía más sostenible, sin perder de vista la competitividad empresarial.
